En la segunda edición de The Legal Industry Reviews Costa Rica, María Jose Rojas Seguel, asociada de la firma Hulbert Volio Abogados, habla sobre los avances y dificultades de la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía.

Esta iniciativa nació en 1991 como una estrategia europea para la cooperación energética, de modo que se pudiera asegurar el suministro de energía y dar sostenibilidad económica. En el año 1994, se firma lo que conocemos como el Tratado de la Carta de la Energía o Energy Charter Treaty, un Tratado Internacional con 53 países signatarios.  

El Tratado tiene por objetivo la protección de inversión extranjera, asegurar condiciones de mercado no discriminatorias en materia energética, la resolución de disputas entre los países participantes y la promoción de eficiencia energética para minimizar el impacto ambiental. 

Recientemente, cinco países europeos han comunicado su retiro del acuerdo. El último en informar de su salida fue Francia, quién el 21 de octubre de 2022 señaló que busca tomar una decisión que sea coherente con la estrategia climática, particularmente para cumplir con los objetivos acordados durante el Acuerdo de París de 2015. Esta posición fue compartida por Polonia, Italia, Países Bajos y España, quienes también comunicaron que se separan del acuerdo. 

Durante su existencia, el Tratado ha sufrido diversas críticas en los últimos años: por un lado, la comunidad científica ha señalado a la Carta de la Energía como un impedimento a la transición a energías limpias y así lo ha hecho saber a los países signatarios mediante una carta abierta. En efecto, los países que han tomado la decisión de retirarse presentan argumentos en este mismo sentido. Queda entonces la pregunta abierta de si ¿podrán los países cumplir con el Tratado de la Carta de la Energía y el Acuerdo de París 2015?.

Por otro lado, los detractores apuntan que los arbitrajes internacionales de inversión han dado lugar a compensaciones cuantiosas en favor de inversionistas; y así lo recordó el Presidente Macron durante su comunicado. Estas surgen a partir de que, uno de los ejes de acción del Tratado incluye la protección de inversiones, se abre la posibilidad para que los inversionistas extranjeros puedan accionar en contra del estado receptor de la inversión, en caso de sufrir un trato menos favorable que el ofrecido a nacionales u otros inversionistas de distinta nacionalidad. 

Por su parte, la Comisión Europea ha mostrado su disconformidad con el retiro de los países, advirtiendo que es mejor defenderse siendo parte del Tratado e hizo énfasis en los esfuerzos de modernización que ha venido impulsando. Más aún, la Comisión Europea recordó que el Tratado cuenta con una cláusula de extinción (normalmente conocida como sunset clause) que dispone que quienes se retiren del Tratado permanecerán bajo su normativa por un plazo de 20 años. 

En este sentido, es necesario reconocer que, a pesar del retiro de los cinco países mencionados, aún pueden ser sometidos al procedimiento de solución de controversias durante el mencionado período de cierre que dispone el artículo 47 del Tratado. 

¿Qué sigue en el Tratado de la Carta de la Energía?

El grupo de trabajo que negocia la modernización del Tratado ha sostenido reuniones por los últimos tres años, buscando abordar los estándares que contiene el acuerdo. Sin embargo, en opinión de los países que han decidido retirarse, estos esfuerzos parecen insuficientes y no se alinean al Acuerdo de París 2015.

En junio anterior, se publicó la Decisión de la Conferencia de la Carta de la Energía, en donde se aprobó una comunicación pública explicando los principales cambios que se buscan con la modernización del Tratado. Dentro de estos, destacan la aplicación del Reglamento de la CNUDMI sobre Transparencia en arbitrajes de inversión, disposiciones para evitar los reclamos frívolos, conocer el financiamiento por terceros y la posibilidad de excluir inversionistas bajo ciertas circunstancias. En este documento se indica que la adopción del texto se dará en la Conferencia del 22 de noviembre de 2022. Se acerca la fecha señalada y la expectativa crece sobre el texto que será presentado.

Lo que suceda alrededor del Tratado de la Carta de la Energía es realmente importante de considerar en un contexto global tan convulso en donde la guerra que involucra a Rusia y a Ucrania ha afectado severamente los precios de los combustibles fósiles. Muchos analistas internacionales incluso han apuntado que esta situación viene a coadyuvar en la revolución energética. Ciertamente, el contexto mundial de guerra ha venido a replantear las capacidades de los países para abastecerse y parece ser que las energías renovables podrían tomar un paso al frente. 

Los países que han decidido apartarse del Tratado han omitido referirse al incremento del precio de los combustibles o el contexto de guerra, pero sí han apuntado a las críticas, particularmente a los casos inversionista-Estado en los que se han visto involucrados. 

El contexto de guerra solamente viene a poner aún más presión en las relaciones internacionales, elementos como las negociaciones de modernización del Tratado, las afectaciones cotidianas a las cadenas de suministro y la inflación, quienes tienen ahora un papel en juego. Esto es esencial de tomar en cuenta por cuanto la guerra ya ha tenido impactos globales en alimentación, energía, finanzas y ha ampliado las brechas de género, según lo revela un informe de la ONU Mujeres.

El futuro del Tratado de la Carta de la Energía es un tema que deberemos seguir de cerca, pues afecta directamente los mercados internacionales, particularmente el de logística, así como las posibilidades mundiales de cumplir con el compromiso del Acuerdo de París 2015 de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2° C.

María Jose Rojas Seguel es abogada de la Universidad de Costa Rica, Máster en Derecho Económico Internacional con Méritos de la Universidad de Londres y Especialización en Arbitraje, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Se ha desempeñado como negociadora Comercial en el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, además de desempeñarse como abogada en diversas firmas.